Mas gadgets

Francia gravará los gadgets para proteger la industria cultural

Diverse Couple with Video Game Controllers Having Fun Isolated on a White Background.

Un nuevo impuesto para los gadgets aumentará el precio de ordenadores, tabletas, smartphones y televisiones con conexión a internet en Francia con el objetivo de financiar los contenidos culturales. Esa es la propuesta que al Gobierno francés materializada en el “Informe Lescure”, encargado por el propio ejecutivo galo.

Excepción cultural

Este informe pretende actualizar el concepto de excepción cultural nacido en los años 80 para que los grandes distribuidores de bienes culturales aportasen parte de sus beneficios a la creación cultural. Por ello propone imponer un impuesto de hasta el 4% en la venta de los gadgets, incluyendo videoconsolaseReaders, que permiten el acceso a través de internet a contenidos culturales.

Contra la piratería digital

La nueva batería de medidas que estudiará el Gobierno francés pretende adaptar ese espíritu al siglo XXI y a la época de la piratería digital y de los gigantes de la distribución, como los estadounidenses Amazon, Google o Apple. Y es que por poner ejemplo, hace un par de años, solo en España se pirateaban libros por valor de 200 millones de euros. Las cifras hoy han aumentado.

Se trata de que quienes fabrican y comercializan este tipo de dispositivos electrónicos o gadgets que puedan reproducir texto, vídeo o audio aporten un canon digital destinado a reforzar la industria cultural francesa.

El texto, redactado a petición del presidente de Francia, François Hollande, por el expresidente del Grupo Canal +, Pierre Lescure, es el resultado de nueve meses de trabajo y cientos de entrevistas con distintos agentes del sector cultural francés, uno de los más potentes e influyentes de Europa.

El estudio propone también modificar el sistema de antipiratería digital vigente en Francia, de forma que ningún usuario llegue a verse privado de su conexión a internet.

El “Informe Lescure” traza también otras líneas de actuación política, como reducir de 36 a 18 meses el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la llegada de una película a las salas de cine y su explotación en pago por visión.